Agua: una privatización inminente

Agua: una privatización inminente

Estudiantes contra la privatización

Por: Jaime Orlando Mancía Gómez
Miembro ASEIAS

El pasado 14 y 16 de junio muchos estudiantes de la Universidad de El Salvador salieron a las calles de San Salvador organizados por un pronunciamiento sobre el anteproyecto de “Ley Integral del Agua”, y como consecuencia fuimos incluso acusados de “terroristas” abiertamente en los medios de comunicación. Como estudiantes educados por el Alma Mater, con conciencia social y pensamiento crítico debemos indagar sobre lo siguiente: ¿Es realmente un intento de privatización del recurso hidríco?, ¿existe la premeditación de sectores políticos que velan por intereses privados?, ¿hay un silencio mediático sobre este tema y desviación intencionada de la atención de la población siendo complices los medios de comunicación?. En el 2017 diputados de los partidos ARENA, GANA, PCN y PDC presentaron una propuesta de “ley integral del agua” en la que coincidieron en que la regulación de los recursos hídricos del país recaería en una autónoma llamada “autoridad hídrica”. (La Prensa Gráfica, 2017) El anteproyecto de ley contempla en sus artículos el régimen administrativo de la Autoridad Hídrica, nombrándola Ente Rector encargado de la gestión de los recursos hídricos y demás bienes que forman parte del dominio público hídrico (Art.11); lo cual le da la administración total, y entre sus facultades estarían fijar las tasas por servicios administrativos, técnicos y científicos prestados a terceros, sean estos públicos o privados (Art. 12, p); establecer el monto anual de las tasas por uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y vertidos (Art. 12, h); autorizar, regular, controlar, modificar o suspender permisos otorgados para la exploración, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos (Art. 12, f); sancionar por violaciones a la ley (Art.12, g); gestionar los recursos financieros, prestamos, cooperación y otras fuentes de financiamiento (Art.12, m), y elaborar y aprobar un plan nacional hídrico, incluyendo los planes zonales de cuenca (Art.12, c). En su estructura organizativa (Art. 13), plantea la conformación de una junta directiva y otros organismos, la cual según el Art.14 estaría integrada por 5 miembros, un presidente y cuatro directores propietarios, de los cuales uno de ellos, el presidente, es nombrado por el presidente de la República, dos directores electos por la Corporación de Municipalidades de la República, COMURES, y los otros dos electos por la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Establece además que la duración de estos cargos es de siete años,

pudiendo reelegirse un período más. (Ley intergral del agua, 2017) Con base en lo anterior, y considerando que el concepto privatizar tal y como se recoge en el Diccionario de la Real Academia: «transferir una empresa o actividad pública al sector privado». Se trata pues, no solamente de la venta de derechos de propiedad sobre las empresas públicas, o la puesta en el mercado de acciones que hasta ese momento pertenecían al sector público; sino que la propia definición incluye también las transferencias de actividades públicas al sector privado. (Sanz, 1998) La acción de permitir que en un sector que era competencia exclusiva del Estado intervengan otros actores nogubernamentales en la toma de decisión para la financiación, producción de bienes y prestación de servicios; es privatización. Entonces, si la ANEP puede nombrar 2 de los 4 directores de la junta directiva de la autoridad hídrica, se puede afirmar que lo que se está planteando es una PRIVATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA, privatizar no necesariamente se limita a la venta de empresas públicas. La privatización supone disminuir el grado de influencia del Estado. Contrario a lo que varios diputados del partido ARENA han manifestado recientemente en diferentes medios de comunicación que “no hay intentos de privatizar el agua”. Queda entonces en evidencia que este argumento es falso y que ciertas fracciones políticas buscan favorecer sectores empresariales cuyo interés es lucrarse de la Res pública. O deberíamos preguntarnos ¿qué hace un ente privado administrando un recurso público? Es nuestra responsabilidad entonces, como estudiantes de la única universidad pública en El Salvador, educados gracias a la recaudación del pueblo salvadoreño, defender la administración de los recursos de este país, y mucho más de un recurso vital como es el agua. Nuestro compromiso debe ser con la población, no con autoridades universitarias ni con partidos políticos, si no, con ese pueblo al que debemos nuestra educación superior.

¡ESTUDIO Y LUCHA!
Referencias
La Prensa Gráfica. (15 de junio de 2017). Partidos de derecha proponen ley del agua. La Prensa Gráfica.
Ley intergral del agua. (junio de 2017). San Salvador .
Real Academia Española. (2018). Diccionario de la Lengua Española.
Sanz, A. (1998). Las privatizaciones. Algunos aspectos generales. Cuadernos de Relaciones Laborales, 20.